HISTORY OF SPAIN:EL RÉGIMEN LIBERAL

Durante EL reinado de Isabel y al margen de la lucha armada contra los defensores del Antiguo Régimen, el antagonismo político se produce entre dos grandes sectores de opinión que defienden cada uno un modelo específico de régimen, que implantarán alternativamente en el momento en que adquieran el poder. En la base de cada uno se encuentra una particular interpretación del liberalismo.

El liberalismo doctrinario se basa en la teoría de la doble representación, según la cual hay dos instituciones (la Corona y las Cortes) que detentan la soberanía. La consecuencia inmediata de este planteamiento es la participación conjunta de ambas en el proceso político. El modelo radical del sistema constitucional no reconoce más representación que la electiva de las Cortes. La realización política de cada una de estas formulaciones corresponde a un partido. Los moderados defienden el liberalismo doctrinario en tanto que los progresistas sostienen la versión radical, siendo los demócratas surgidos de una disidencia de la izquierda progresista los partidarios de una interpretación maximalista, cuyas demandas específicas serán el sufragio universal y el reconocimiento de la libertad de reunión y asociación.

El régimen del Estatuto Real

En 1833 el conflicto armado entre isabelinos y carlistas determina a la reina María Cristina a realizar una rápida transformación del régimen para dar satisfacción a las aspiraciones de los liberales, única fuerza capaz de mantener los derechos de su hija Isabel al trono. La conclusión de todo ello fue la designación el 15 de enero de 1834 del gabinete Martínez de la Rosa, destinado a elaborar un régimen constitucional aceptable para la Corona. A partir de este momento la Corona renuncia, tras un cuarto de siglo de lucha, a mantener un sistema exclusivo de poder y admite la ampliación del sistema político en beneficio de la aristocracia y de una burguesía que, por su parte, aparece dispuesta a conservar a la Corona una participación decisiva en el proceso político. El Estatuto Real, promulgado el 10 de abril de 1834, es el símbolo de la transacción ofrecida por los isabelinos a los liberales, fórmula que la mayoría de los recién ganados a la causa de Isabel II estimaron insuficiente. Las Cortes creadas con tales condicionamientos era evidente que no serían capaces de cambiar, como se pretendía, la organización social del Antiguo Régimen.

El sistema político que el Estatuto Real define se caracteriza por una serie de elementos de un extremado moderantismo. El número de participantes en el proceso político se compone de representantes no elegidos (grandes de España) y de los que la Corona designa dentro de un limitado sector de la sociedad. El cuerpo electoral resultante rebasará ligeramente los 16.000 individuos.

El proceso político se caracteriza porque la iniciativa legal queda enteramente reservada a la Corona, que la ejercerá a través del gabinete, sin que a las Cortes se les reconozca más facultad que la de enmendar y, en su caso, rechazar los proyectos ministeriales o la petición a la Corona, para que ésta ejercite su capacidad de proponer la oportuna ley.

El sistema político del Estatuto Real satisface a las aspiraciones de los elementos más moderados del liberalismo en tanto no es para los progresistas sino un primer paso de un proceso, que tratarán de promover.

La designación de Toreno para la presidencia del consejo suponía la continuidad de la política moderada de que el Estatuto Real era el símbolo. De aquí que apenas pasados dos meses de su nombramiento, la oposición liberal, que no reconocía en el régimen un sistema político, decidiese lanzarse nuevamente por el camino de la acción revolucionaria. En esta ocasión la iniciativa corrió a cargo de la burguesía de las ciudades que habían podido organizarse en el seno de la milicia urbana, adquiriendo con ello fuerza suficiente para enfrentarse al gobierno. Se inició todo un movimiento a través de las juntas. El gobierno de Toreno dispuso la disolución de las juntas a las que declaraba ilegales. Pero el movimiento adquirió nuevas fuerzas. Ante una situación claramente revolucionaria, extendida a la casi totalidad del país, la Corona no tenía más alternativa que confiar el poder en un liberal con un pasado radical tan sólido como Mendizábal, como medio de conseguir la sumisión voluntaria de unas juntas a las que nos se podía reducir por la fuerza y cuya continuidad suponía la amenaza de que constituyesen un poder central representante de la voluntad nacional, frente a la Corona y al gobierno designado por ésta. La gestión de Mendizábal comenzó con una declaración de principios destinada a la reina en que se enuncia como doctrina política de la nueva situación: la dependencia del gobierno frente a las cámaras, que concederían la confianza o exigirían la responsabilidad, y la necesidad de llegar a una declaración legal de los derechos del ciudadano.

La constitución de un gabinete de tendencia avanzada en el que Mendizábal se hace cargo de cuatro carteras, permitiría liquidar el radicalismo.

La liquidación de las juntas fue facilitada por los decretos que regulaban la constitución de diputaciones provinciales que permitieron convertir una autoridad soberana en una institución delegada del poder central, mediante la incorporación de los miembros de las juntas en las diputaciones provinciales. Simultáneamente Mendizábal emprendió una renovación en los mandos militares y en los altos cargos de la administración en beneficio de quienes habían actuado en los años del Trienio.

Por otro lado, Mendizábal procedió a movilizar los recursos nacionales para poner fin a la guerra lanzando la desamortización que había que proporcionar los medios financieros, promoviendo la liquidación general de la deuda pública que interesaría a los acreedores del Estado en la consolidación del régimen liberal, al darles la oportunidad de adquirir a bajo precio las fincas enajenadas, al tiempo que promovía la expansión económica al poner los bienes en manos de capitalistas, de quienes se esperaba una maximalización de los rendimientos.

Las relaciones del gabinete y el estamento de procuradores, muy cordiales en los primeros meses, se deterioraron al declararse la mayoría hostil a los distritos plurinominales en que el proyecto de ley electoral dividía las provincias. La derrota de Mendizábal en las Cortes plantea por primera vez la cuestión de confianza que la Corona, tras consultar al Consejo de gobierno, decidió a favor del gabinete concediendo el decreto de disolución. En las elecciones, los progresistas obtuvieron una amp0lia mayoría. Por primera vez los progresistas disponían simultáneamente del gabinete y de la mayoría del estamento de procuradores, necesarios para intentar un cambio legal de régimen. En este momento, el gabinete se encontró con la oposición de la mayoría, y se encontró con un bloqueo legislativo.

A mediados de 1836 Mendizábal fue sustituido por un gobierno presidido por Javier Istúriz (moderado), y la Corona le concede el decreto de disolución, privando con ello a los progresistas de su último medio de acción política, y dado que tampoco existe libertad de prensa, éstos volverán a utilizar una fórmula, antes probada con éxito, de los levantamientos como último medio para cambiar el sistema político.

La tercera legislatura del Estatuto Real decidió combatir a Istúriz privándole de recursos financieros al declarar concluidas las facultades extraordinarias concedidas al gobierno precedente. Esto llevó a un enfrentamiento con la Corona. Visto que el intento parlamentario de poner fin al gabinete Istúriz fracasa, los progresistas rompen nuevamente el sistema y recurren nuevamente a la lucha subversiva contra el régimen, la cual concluyó en agosto de 1836 con la sublevación de sargentos en La Granja que impusieron a la regente un cambio en la dirección política. María Cristina aceptó la vuelta a la Constitución de 1812, expresión constitucional del radicalismo político, mientras no fuera aprobada una reforma de la misma.

A la decisión de volver a la Constitución de 1812 se sumó la configuración de un nuevo gabinete, presidido por el progresista José María Calatrava , quien hizo de Mendizábal su más estrecho colaborador al confiarle la cartera de Hacienda y más tarde la de Marina