HISTORY OF SPAIN: CAMBIOS POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SIGLO XVIII

Hoy desde mi ventana analizamos los cambios políticos y administrativos llevados a cabo por los primeros Borbones. La llegada al poder político del primer rey de la dinastía borbónica (Felipe V) trajo a España un intento de solucionar los problemas políticos del país aplicando las fórmulas francesas del absolutismo de Luis XIV: unificación y centralización del poder político.
La unificación política se realizó a partir de la organización de una nueva administración territorial basada en los siguientes aspectos:
Abolición de las autonomías políticas.
El centro de esta gran transformación, realizada por Felipe V, fue la supresión de la autonomía para los países de la Corona de Aragón. La eliminación de los viejos fueros fue posible tras la victoria de Felipe V sobre los súbditos de aquellos territorios, considerados por él como rebeldes por haber apoyado a Carlos de Austria en la candidatura para la Corona de España. La abolición se realizó para los países de la Corona de Aragón mediante los Decretos de Nueva Planta: para Valencia (1707), para Aragón (1711), para Mallorca (1715) y para Cataluña (1716). A partir de este momento sólo se mantuvieron las autonomías de Navarra y las provincias vascas.
La Provincia.
La creación de un modelo único de administración territorial para todos los territorios de España (excepto Navarra y las provincias vascas), consistía en la división del territorio en provincias gobernadas por un capitán general y una Audiencia. La nueva administración territorial se basaba en la provincia (cuyos límites no coincidían con los actuales). La máxima autoridad en cada provincia era el capitán general que, en su origen, era el jefe del ejército, el cual había acumulado otras funciones políticas y administrativas, de forma que toda la administración dependía de él. Junto al capitán general actuaba la Audiencia, formada por varios miembros, que ejercía como alto tribunal de justicia y, a la vez, como órgano consultivo del capitán general.
En el siglo XVIII apareció además un nuevo cargo en la administración privincial, el intendente, creado en 1718. Las funciones de este cargo, que se fueron modificando a lo largo del siglo, eran de tipo económico: empezó siendo el encargado de la administración económica del ejército y acabó siendo el canalizador de los problemas económicos de la provincia. Esta nueva organización territorial anulaba la existencia de cualquier centro de decisión política situado fuera de la capital del Estado, Madrid, puesto que las personas que ostentaban alguna autoridad en las provincias no eran más que delegados del rey, el cual los nombraba o cesaba con plena libertad y les marcaba claramente las pautas de su actuación.
Todo este proceso se consiguió con una reorganización del poder central. También en este caso toda la reorganización se apoyaba en la idea de que el único depositario del poder político era el rey, de forma que cualquier otra persona que ostentara cargos de gobierno lo hacía como representante del monarca y bajo su estricto control.
La modificación más importante que se introdujo en el poder central fue la tendencia a sustituir los Consejos por ministros. Este cambio es la realización práctica de la teoría de que el poder central reside en el rey, el cual escoge libremente a sus auxiliares, los ministros, que sólo tienen autoridad mientras gozan de su confianza. Los ministros, llamados también “secretarios de despacho”, solían ocuparse, cada uno de ellos, de un aspecto especializado del gobierno y, aunque su número y funciones variaron a lo largo del siglo, se tendió a fijarlos en seis: Hacienda, Guerra, Marina, Justicia, Indias y Estado.
Al mismo tiempo que aumentaba la importancia de los ministros, los Consejos realies iban perdiendo poder; algunos desaparecieron y otros quedaron relegados a funciones meramente administrativas. Las decisiones políticas quedaron en manos del rey y sus ministros. Sólo uno de los Consejos, el de Castilla, continuó siendo una pieza esencial en el gobierno del país. Este Consejo era un cuerpo consultivo que proporcionaba información y dictámenes sobre todo tipo de cuestiones de gobierno interior. También elaboraba proyectos de ley, que más tarde el rey convertía en leyes, y, por otra parte, funcionaba como una especie de Alto Tribunal de Justicia. Sus miembros eran escogidos por el rey entre los más destacados de la administración o entre los juristas más conocidos; de sus filas salían muchas de las personas que más tarde ocuparían los más altos cargos.
Por último, las Cortes perdieron todo su poder político.