HISTORY OF SPAIN: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y LA ECONOMÍA

Los proyectos de la dictadura para fomentar la actividad económica derivaron en una actitud intervencionista, que sólo fue posible incrementando los gastos del Estado y la Deuda pública. La política de la época respondía a las ideas nacionalistas, que potenciaban la economía nacional a través del proteccionismo. Colaboró el auge económico internacional de los años veinte (“felices años 20”), que fue positivo para la economía española y de paso ayudó a mantener el régimen. Esas teorías no eran innovadoras, pues muchas habían sido planteadas por los regeneracionistas (XIX)

   Las medidas tomadas fomentaron la industria nacional, se modernizó la red ferroviaria y se intervino en compañías navieras; se realizaron concesiones en régimen de monopolios a empresas privadas, como la compañía naviera Transmediterránea o el control de telefonía a ITT (USA). En 1927 se creó la Compañía Arrendataria de Monopolio de Petróleos (CAMPSA), consorcio formado por 41 bancos españoles. Esas medidas se complementaron con:

 - Avances en el transporte terrestre: se amplía la red de carreteras (como la de Guadalupe, la Vera y puentes sobre el Tiétar y Tajo) y se mejoran las existentes, más caminos vecinales y se prestó atención a la red de ferrocarriles (aunque las principales vías ya existían). El automóvil comienza a competir con el tren.

 - Proyectos hidráulicos: se crean las confederaciones hidrográficas, que mejoraron el regadío y aumentaron la potencia eléctrica.

   Pero no se puso en marcha un sistema fiscal avanzado: así, el proyecto del ministro de Hacienda, Clavo Sotelo (impuesto sobre la renta), recibió las críticas del sector privilegiado y hubo de dejarse.

   Los más beneficiados, por tanto, fueron los más pudientes. Es la edad de oro de la Banca privada española, sobre todo de los bancos madrileños, que se extiendes por las provincias absorbiendo pequeñas entidades locales, mientras la banca vasca y catalana viven una situación de crisis.

   La dictadura no soluciona la problemática estructural de la economía española. Sólo fomenta políticas de soluciones momentáneas: obras públicas para resolver el paro, ayudas sociales, etc.; pero ninguna que acabara con el desarraigo del campesinado, ni política agraria que erradicara el caciquismo. Estas cuestiones permanecen latentes y surgirán con más fuerza al caer la dictadura.